De tanto en tanto el país recibe, unas veces con agrado y otras no, noticias referentes a la creación de áreas naturales protegidas.

El punto de la discordia frecuentemente se da en torno a los miles de hectáreas de más o de menos que finalmente quedaron, o no, dentro de la nueva área de conservación. Razonables polémicas, en parte, porque saben los ecólogos de la conservación que la calidad y viabilidad de estas áreas tiene una relación directa con su superficie. Sin embargo, cuando miramos el agregado nacional, la conservación no se mide solamente en millones de hectáreas. Porque ésta, que ya es una política de largo plazo, viene acumulando dos tipos de pasivos.

El primero es el social. Porque muchas de esas áreas ya estaban ocupadas antes de su declaración y una vez quedan jurídicamente congeladas, muy poco se hace por adquirir las tierras o compensar a la gran minoría afectada. Es un conflicto socioambiental de baja intensidad y prolongado, que vergonzosamente tiende a escalar, pues lo que está de por medio es el beneficio general. ¿De cuántas personas y familias estamos hablando? Resulta que las autoridades tampoco lo saben con precisión.

Surge aquí el segundo gran pasivo, que es justamente la gestión de las áreas protegidas. Con excepción de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales y de algunas corporaciones autónomas regionales, la mayoría de las áreas protegidas no tienen administración in situ. La CAR de Cundinamarca, y hasta el mismo Distrito Capital, por ejemplo, ostentan sus sistemas de áreas protegidas, que son ante todo polígonos en la planificación sin suficiente gestión en el territorio. Los famosos parques de papel.

En materia de conservación, nos hemos llenado de políticas incompletas que trasladan peligrosamente el costo de la conservación a poblaciones vulnerables, cuyos intereses escasamente hacen parte de las controversias más publicitadas. En paralelo, nuestra conservación de la naturaleza se está llenando de “falsos positivos”, que son todos esos indicadores de gestión que transitan señalando presunto progreso, documentos y eventos que, entendiblemente, reciben premios en el exterior. No tenemos, empero, indicadores de legitimidad, gobernabilidad y bienestar social asociados a las políticas de conservación.

En una fase histórica, y en especial en épocas de menor interés en los temas ambientales, es razonable que el país avance sustancialmente en la declaratoria jurídica de áreas de conservación. Todavía falta mucho en ese sentido. Y en esto, la población urbana está activamente vigilante. Pero llegó la hora de repensar la gestión de las áreas protegidas en una perspectiva que no desconozca lo local. Necesitamos una institucionalidad renovada y nuevos modelos de conservación. Tenemos un modelo de áreas protegidas del siglo XIX, aplicado con mucho éxito sin duda en el XX. Pero el siglo XXI nos pide, de manera urgente, revisar para complementar el modelo de conservación, que debería desembocar en una ley comprensiva de áreas protegidas.

Para ello, lo primero es abrir la mente y comprender los territorios cuya complejidad no se representa en polígonos e indicadores. Se requiere concebir y llevar a la práctica una conservación de la naturaleza inclusiva y justa, con tipos nuevos de áreas protegidas habitadas, y por las cuales la sociedad está dispuesta a pagar. Espacios para aplicar los oficios y tareas de la conservación, a los cuales aquí nos referimos a propósito del ambiente necesario para la paz. La conservación es demasiado importante como para dejarla sólo en manos de los conservacionistas.

Publicado en El Espectador https://www.elespectador.com/opinion/editorial/repensar-conservacion-de-naturaleza-articulo-