A partir del propósito nacional de conservar los bosques, en debates recientes diferentes organizaciones no gubernamentales e instituciones oficiales han insistido en que para frenar la deforestación la clave está en identificar y apoyar alternativas productivas que hagan uso y aprovechamiento de la oferta del bosque húmedo tropical, que generen ingresos a las poblaciones que lo habitan y que este ingreso sea superior a su uso alternativo predominante, la ganadería extensiva. Esto sería suficiente si el propósito de la apropiación de la tierra fuese su uso productivo, pero los informes del Ideam señalan que desde 2017 la especulación predial es el principal motor de la deforestación.

En Colombia, la propiedad de la tierra en espacios rurales es un mecanismo de apropiación de riqueza y poder. El diferencial de precios en el suelo rural, derivado principalmente de inversiones con recursos públicos en infraestructura que integra de manera lucrativa las tierras al mercado, es apropiado por el terrateniente que actúa como especulador predial. Esta dinámica tiene mayor magnitud e impacto en áreas de los llamados “baldíos nacionales”. Allí, en zonas aisladas, los derechos de propiedad empiezan con la demostración de “posesión de buena fe” mediante la transformación del bosque en pastizales. Antes el colono tumbaba montaña por su cuenta y riesgo, y hacía finca; hoy predomina la contratación a destajo por inversionistas que aportan la motosierra para que el colono, como contratista, derribe el bosque, y la tierra pasa a ser posesión del inversionista, quien con títulos informales empieza el proceso de especulación predial. La inversión pública en carreteras y otros servicios, desde alcaldías, gobernaciones o el nivel nacional, valoriza la propiedad. Los predios son usados en ganadería extensiva, pero su objetivo central no es la producción ganadera, sino la acumulación de riqueza a través de la especulación predial.

Que exista la especulación predial no significa que sea ilegítima la aspiración del campesino de ser propietario. El Acuerdo de Paz prometió titular al campesino en zonas de frontera agropecuaria. En la práctica, esta expectativa de titulación dinamizó la deforestación y la transformación de la selva en praderas homogéneas. Se vincularon nuevos espacios al mercado de tierras, reproduciendo en estas zonas la concentración en la propiedad.

Para que esto no siga pasando, una alternativa podría ser que en estas zonas solo se realicen titulaciones colectivas o comunitarias que aseguren la permanencia del campesino como productor y eviten la especulación predial asociada a los títulos individuales. Dado que forzar la propiedad y el trabajo cooperativo no necesariamente funciona, la alternativa sería titular a las juntas de acción comunal (JAC) para que sean las que administren el territorio, como lo fueron mientras estas tierras eran reserva forestal y no había posibilidad de titulación, y reconozcan la posesión de buena fe por su trabajo a los campesinos productores. El título de propiedad y la administración de las tierras por las JAC podrían condicionarse a la conservación de una porción del territorio en bosque. Esto contribuiría a la integración del bosque a la frontera productiva, de manera climáticamente responsable.

Simultáneamente, dado que la especulación predial no tiene lugar en tierras colectivas de indígenas y afrodescendientes y que es allí donde mejor se conserva la cobertura boscosa, proteger sus derechos colectivos de propiedad y manejo del territorio debe ser eje de la estrategia de freno a la deforestación.

Publicado en El Espectador https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/juan-pablo-ruiz-soto/por-que-titulacion-colectiva-y-no-individual-en-la-amazonia-y-el-pacifico-column/