Para la bióloga, muchas experiencias pasadas de siembra fueron fallidas porque no se involucraron redes comunitarias que cuidaran y monitorean los árboles. “También es de vital importancia vincular cada vez más al sector privado, ya que la mayor cantidad de zonas restauradas son aportadas por las empresas privadas a través de las compensaciones obligatorias. La amalgama de los sectores público, privado y académico es sumamente importante”.

Solano considera que el país debe seguir apostándole a la restauración como un concepto amplio e integrador que permita generar una herramienta para luchar contra el cambio climático, mejorar la seguridad alimentaria y empoderar a las sociedades a través del conocimiento tradicional.

La siembra no basta

Zoraida Calle, coordinadora del área de restauración ecológica de la Fundación CIPAV, afirmó que el número de árboles plantados no es un indicador bueno de restauración ecológica en el país, porque la sobrevivencia de estos individuos es muy baja.

“Lo que tenemos que hacer es crear condiciones para que esos árboles puedan sobrevivir, algo que únicamente ocurrirá si tienen sentido para los propietarios, tenedores de la tierra y comunidades. El gran esfuerzo nacional de restauración ecológica debe hacer sinergia con diferentes sectores, como el riesgo de deslizamientos y avalanchas, la infraestructura y los taludes viales. Los 180 millones de árboles no pueden estar desligados”.

Calle abordó un tema polémico y bastante ligado a la deforestación: la ganadería, que su forma de ver en Colombia es considerada como una causa perdida por el sector ambiental para la conservación de los bosques y la biodiversidad, cuando las tierras ganaderas albergan las mayores oportunidades para hacer restauración.

“Ochenta y seis por ciento de las tierras agrícolas están en ganadería, una extensión de 35 millones de hectáreas. Una buena opción son los sistemas silvopastoriles, esa integración de árboles y arbustos con pastos que trae beneficios como la generación de bienes y servicios ambientales y mejoran los ingresos de los productores”, dijo Calle.

Un proyecto de la Fundación CIPAV y Patrimonio Natural en Caquetá logró que varios campesinos liberaran 20 por ciento de sus fincas para restaurar humedales y bosques por medio de sistemas silvopastoriles. “Si rediseñamos el sistema productivo con buenas dotaciones de animales y un manejo estratégico de los árboles en zonas ganaderas, mejoramos el perfil ambiental del potrero y permitimos que los productores liberen tierras para tener más bosque”.

Según Calle, el Gobierno pretende que 280.000 hectáreas cuenten con sistemas silvopastoriles, una meta que para la experta no se podrá cumplir en los próximos dos años. “Faltan instrumentos financieros para hacer esa transición, al igual que una asistencia técnica y una infraestructura para dar semillas”.

En los últimos siete años, el proyecto de ganadería colombiana sostenible ha trabajado con el uno por ciento de los ganaderos del país, una cifra que indica lo complejo que es poner en marcha los sistemas silvopastoriles en Colombia. “La transición hacia la ganadería sostenible no la hace el productor solo. Debe contar con un extensionista experto en ecología, economía y hasta psicología”, dice Calle.

Esta estrategia ha trabajado en 4.100 predios ganaderos de 87 municipios del país, que abarcan 160.000 hectáreas. Los productores han logrado integrar a sus fincas más de tres millones de árboles, enriquecieron 3.400 hectáreas de rastrojos y bosques secundarios y aplicaron sistemas silvopastoriles en 38.000 hectáreas. Esto les ha permitido aumentar en 32 por ciento la carga animal, 24 por ciento la producción de leche por hectárea.

Metas mal planteadas

José Miguel Orozco, profesor de política, legislación y gobernanza forestal de la Universidad Distrital, considera que las metas de restauración, sistemas agroforestales y de manejo sostenible del Plan de Desarrollo están mal planteadas.

“El plan informa la cantidad de hectáreas para cada estrategia, pero en el momento de reportar los avances todo está en un mismo paquete y no se puede ver cuál es cada avance. A finales del año pasado, el Departamento Nacional de Planeación informó que ese avance era de 160.500 hectáreas, pero no sabemos cuáles son para restauración y cuáles para sistemas silvopastoriles. Es decir que no están bien planteados los indicadores y metas”.

Orozco cree que las sembratones del Gobierno deben hacer énfasis en la gobernanza de la restauración, como lo planteó la directora de la Fundación Natura. “No es sólo hacerle un llamado a la población para que participe en un ejercicio que puede ser efímero. Éste debe ser bien planeado, con información clara del material vegetal, los sitios y las especies. Hay que hacerle seguimiento y evaluación al antes, durante y después de las siembras. En Colombia se han presentado vacíos por los recursos invertidos en la reforestación”.

El docente de la Universidad Distrital reveló que, según el ministerio de Ambiente, cada árbol sembrado cuesta 2,5 dólares, es decir que los 180 millones tendrían una inversión de 450 millones de dólares. “En cuanto a los sistemas silvopastoriles, hay zonas grises entre los sectores ambiente y agricultura”.

El bosque como bien económico

Cesar Augusto Rey, consultor en reducción de deforestación y cadenas productivas del sector agropecuario, dijo que la cifra de 180 millones de árboles del Gobierno es llamativa pero distrae de una forma mayúscula, “ya que en sólo un año se deforesta lo que está proyectado sembrar en cuatro periodos. Hay que buscar un balance entre ambas metas: sembrar y proteger efectivamente los bosques que tenemos”.

Para el experto, Colombia debe dejar de ver al bosque como un ecosistema que sólo se puede mirar y empezar a trabajar en poder vivir de él de una manera sostenible. “Las 10 millones de hectáreas de los Parques Nacionales Naturales son exclusivas para la conservación y el uso de las costumbres de los grupos étnicos, pero tenemos 49 millones más de bosque donde hay que incentivar el manejo forestal sostenible”.

Rey advierte que el Ministerio de Agricultura parece ausente en este aspecto y tiene una gran responsabilidad. “Es necesario que cada árbol sembrado forme parte del desarrollo del campo, algo que sólo está enfocado en las vacas y cultivos. Las áreas de bosque que son liberadas por los campesinos en sus fincas deben significar un ejercicio de modelo de negocio para la familia, la vereda y la región”. 

Le hace un llamado a la Agencia de Renovación del Territorio para que dentro de la planificación de las zonas PDET, que abarcan 20 millones de hectáreas y concentran 85 por ciento de la deforestación, tengan en cuenta el uso del bosque para integrarlo en un modelo de negocio.