La semana pasada, el Gobierno presentó la cifra de deforestación del 2019. Oficialmente fueron 158.894 hectáreas de bosque quemadas. El número, que para algunos es motivo de orgullo, en realidad demuestra que seguimos quemando selva con el mismo criterio que en la Conquista: “Tumbar para controlar”. El Estado colombiano ha sido el principal promotor de la deforestación y para entender por qué seguimos deforestando tenemos que remontarnos a nuestra historia.

La Ley 200 (1936) hace referencia al bosque como espacio improductivo y quien conserva bosque se expone a ser expropiado. Solo quien usa la tierra en cultivos o pastos es legítimo propietario. Para evitar arrasar con todo el bosque, la Ley Segunda (1959) declaró 65 millones de hectáreas como Zona de Reserva Forestal (ZRF), tierras que por sus características deberían ser conservadas en bosque. Pero, “hecha la norma, hecha la trampa”. Se estableció un mecanismo de sustracción. El Ministerio de Agricultura podría sustraer áreas y asignarlas para uso agropecuario y se exigía deforestar 2/3 de lo que el colono pretendiera obtener como propiedad. Las sustracciones empezaron en 1964.

Cuanto más fuerte la presencia gubernamental en la ZRF, mayor la deforestación. El Estado apoyó la tala de la selva con crédito, infraestructura, titulación y préstamos para la ganadería. En 1968 tomó un crédito con el Banco Mundial para financiar la ganadería en el piedemonte amazónico. El campesino desposeído fue invitado a trasladarse a esta región, prometiéndole que si tumbaba selva, le sería titulada la tierra.

El Estado no ha sido el único actor en la ZRF. Desde los años 70 hasta el 2016, las Farc tomaron control de muchas ZRF. Su dominio incluyó un proceso de ocupación que incluía ganadería, producción agrícola, coca y preservación de zonas cubiertas de bosques. En 1986 se firmó un acuerdo Inderena-Farc-Ep según el cual, como parte de un proceso de sustracción en el medio y bajo río Caguán, las comunidades se comprometían a recuperar la vegetación protectora de ríos, quebradas y humedales y, en las Unidades Agrícolas Familiares, se impulsarían prácticas de manejo forestal sostenible. Se acordó asignar tierras a Juntas de Acción Comunal, títulos colectivos, bajo el compromiso de promover el manejo sostenible y la conservación del bosque regulando caza, pesca, extracción de madera y otros recursos forestales. Fue la primera sustracción promovida por el Estado que incluyó un acuerdo con las comunidades para hacer un uso sostenible del bosque. Una vez interrumpidas las negociaciones de la paz en 1987, el acuerdo quedó suspendido.

Se han sustraído más de 14 millones de hectáreas de la ZRF y otros siete millones de hectáreas están deforestadas esperando sustracción. Por compromisos internacionales, el Estado se propone frenar la deforestación y busca impulsar sistemas de producción sostenibles. Se han identificado y probado algunos, pero falta apropiación social e implementación masiva. Las comunidades son conscientes de que deben adelantar prácticas sostenibles, pero requieren asistencia técnica, crédito y desarrollo de mercados. De otra parte, y para evitar la inversión en deforestación por especuladores prediales, es necesario eliminar la expectativa de titulación individual en ZRF. Definir que solo habrá concesión de derechos de uso colectivos en ZRF.

La ONU declaró la década 2021-2030 como la década de la restauración. En lugar de deforestar, deberíamos estar aumentando la cobertura boscosa. Por prácticas culturales y falta de contundencia en la política pública de cero deforestación y fuerte restauración, llevamos décadas de atraso.

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